22 de Marzo de 2019

¿Qué es la operación OASISS de cooperación EUA-México?

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer Créditi: Foto EFE/ Shawn Thew El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer Créditi: Foto EFE/ Shawn Thew

NORTEAMÉRICA.- La cadena estadounidense NBC 7 San Diego publicó el miércoles siete de marzo documentos que revelan una base de datos creada por el gobierno de Estados Unidos. Su objetivo era rastrear a activistas y periodistas durante las caravanas migrantes de diciembre de 2018. Las fotos de dichos oficios muestran un emblema con las banderas de México y Estados Unidos y las palabras “ILU-OASISS-OMEGA”.

Las palabras del emblema se refieren a una unidad de cooperación internacional (ILU, por sus siglas en inglés). La unidad, de acuerdo con el Informe de Desempeño y Rendición de Cuentas de 2009 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP), comenzó como la Unidad para la Vinculación con México (Mexican Liaison Unit, en inglés). Se renovó en el año fiscal de 2008 para “estandarizar políticas nacionales y procedimientos para la cooperación internacional”, adoptando el nombre de Unidad para la Vinculación Internacional (International Liaison Unit).

La ILU ejecutó el programa “Operation Against Smugglers and Traffickers Iniciative on Safety and Security” (OASISS) a través de un acuerdo entre la CBP de EUA y la PGR en México, que opera desde agosto de 2005. Esta estrategia bilateral buscó sistematizar el procesamiento de traficantes de migrantes, así como combatir este delito en la frontera sudoeste de EUA. El programa permite que aquellos arrestados por las autoridades estadounidenses sean procesadas por el gobierno mexicano. Para 2007 operaba en Baja California, Sonora y Chihuahua y se buscaba extenderlo a Coahuila y Nuevo León.

Visto como un “instrumento clave” para detener el crimen organizado y tráfico de personas, el programa fue ampliado en el 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón. La cobertura en el estado de Coahuila se extendió a Piedras Negras y Ciudad Acuña y se buscó, en ese mismo año, aumentar sus funciones para combatir el tráfico de drogas, de armas y el lavado de dinero.

 

 Cifras

De acuerdo con un testimonio escrito en el 2017 por Paul A. Beeson, de CBP, desde su inicio y hasta octubre de 2016, 3,009 personas fueron entregadas al Gobierno de México para su persecución, de las cuales 2,196 serían procesadas.En el Informe de Desempeño y Rendición de Cuentas de CBP de 2012, se informó que 295 personas fueron aceptadas por el gobierno mexicano en dicho año para procesamiento.

El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) consignó que en 2008 el gobierno mexicano recibió 2 millones de dólares de manera complementaria para “Seguridad fronteriza portuaria y aeroportuaria”, entregados a la PGR para OASISS. Un año después, la misma dependencia fue receptora de la misma suma para “Servidores y software OASISS” a través del programa Control Internacional de Narcóticos y Fortalecimiento de la Ley 2009-2012.

 

Rendición de cuentas

En el 2012 fue presentada la solicitud de información 0000500160012 ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer los datos obtenidos por medio de este programa. La solicitud fue la siguiente:

Secretaria de Relaciones Exteriores, Comité de Información

Secretaria de Relaciones Exteriores, Comité de Información

La respuesta dada en noviembre del mismo año por la Subsecretaría para América del Norte en el oficio SSAN/1064 determinó dicha información como inexistente. En el oficio se especifica que “la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ‘Programa para Proteger a los Migrantes y Procesar Penalmente a Traficantes y Tratantes de Personas’ (OASISS, por sus siglas en inglés), en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se limita a la legalización de las firmas que presentan las autoridades estadounidenses responsables de instrumentar dicho programa en su territorio.”

 

Rastreo de activistas y periodistas

De acuerdo con la publicación de NBC 7, los documentos filtrados anónimamente por una fuente del Departamento de Seguridad Nacional muestran una base de datos elaborada por el gobierno estadounidense. En las fotografías de los documentos se detallan nombres, fotos, puestos, nacionalidad de varios activistas y periodistas, así como el estado de alerta atribuido a cada uno y su estatus.

Nueve de las personas identificadas en las fotografías fueron deportadas o aprehendidas por el Gobierno de México. 6 de las 59 personas que aparecen en dichas imágenes cuentan con nacionalidad mexicana; una de ellas fue identificada como “instigador”, cuatro como “organizador” y una de ellas como “periodista”.

 

Respuesta del gobierno mexicano

A través de su cuenta de Twitter, la SRE emitió un comunicado en el cual declaró que “desaprueba todo tipo de actos de espionaje ilegal hacia cualquier persona, nacional o extranjera”. El comunicado completo, disponible en la página web de la secretaría, especifica que el “Gobierno de México no lleva a cabo tareas de vigilancia ilegal a personas, bajo ninguna categoría o tipo de actividad.”

 

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